En 2020, durante la primera fase de la pandemia de COVID–19, que afectó al país y al mundo, se llevó a cabo un relevamiento de escala local para conocer los impactos que estaba generando sobre comunidades rurales de distintos puntos del país.

Este trabajo fue encomendado desde la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio al Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación quién, apoyándose en su red local de sitios piloto de monitoreo de la degradación de tierras, llevó adelante una encuesta estandarizada dirigida a equipos técnicos locales y referentes de las comunidades.

Si bien expertos nacionales y la documentación de fuentes internacionales apoyan la hipótesis de que los procesos de degradación de la tierra y la desertificación se evidencian más en el largo plazo, y que la pandemia y la reducción de la actividad humana asociada a la misma no generarían en el plazo transcurrido efectos visibles en la materia específica, se detectaron importantes impactos inmediatos o de corto plazo en las actividades de las comunidades rurales dispersas.

El informe presenta información referida a dimensiones sociales, ambientales, humanas, financieras y de infraestructura. Se encuentra también un apartado especial de la interacción de la pandemia con otros eventos extremos que amenazan a algunos de los sitios.

Este diagnóstico inicial aporta información sobre los principales puntos a atender y monitorear en el marco del proceso de reconstrucción post pandemia.