El pasado miércoles 13 de diciembre se aprobó la Ley de Inclusión Laboral para Víctimas de Trata en la Legislatura de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, una iniciativa que contó con la colaboración activa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas.

La ley, aprobada por unanimidad, plantea en su articulado la creación de un “Programa de Inclusión Laboral de las Personas Víctimas del Delito de Trata”. Con ese objetivo, las personas físicas o jurídicas que contraten como empleado a víctimas de trata, “serán beneficiadas mediante el reintegro de las cargas sociales de cada empleado/a durante un período de un año, plazo que podrá ser prorrogado por seis meses por única vez, si las circunstancias lo recomendaran”.

Deberán participar a dicho fin la administración centralizada provincial, los organismos descentralizados y/o autárquicos y las empresas del Estado y las empresas concesionarias de servicios públicos a priorizar, “a igual costo y en la forma que establezca la reglamentación, la compra de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten a personas bajo este programa”. Para el financiamiento del Programa se aplicarán los fondos provenientes del Seguro de Capacitación y Empleo.

Asimismo, se dispone su efectivización por parte del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia, el que deberá garantizar capacitación laboral remunerada a las personas que acrediten que la falta de antecedentes laborales y/o educativos les impiden acceder a los derechos reconocidos por este proyecto.

Además, se garantizará la realización de campañas de difusión masivas relacionadas a la promoción del programa de inserción laboral, en medios de comunicación.

Con la sanción de la ley de inclusión laboral en Tierra del Fuego, ya son cuatro las provincias que sancionaron normas para garantizar la reinserción laboral de las personas que fueron victimas de trata. Catamarca, Chaco y Salta fueron las primeras provincias y en todos los casos se aprobaron las leyes por unanimidad. Se encuentran en estado parlamentario proyectos similares en las provincias de Jujuy, Tucumán, Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, y Río Negro. A nivel municipal, este año, se han aprobado 8 (ocho) ordenanzas de cupo laboral correspondiente a las ciudades de Libertador San Martín (Jujuy), Posadas (Misiones), San Francisco del Chañar (Neuquén), Ballivian, Rivadavia Banda Sur, Rosario La Frontera, Cachi y Aguas Blancas (Salta). Con las sancionadas durante el 2023, ya suman un total de 52 ordenanzas de cupo laboral promulgadas desde el año 2020.

Con el objeto de alcanzar una mayor eficacia en la inclusión laboral de las víctimas, y evitar así su revictimización, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas impulsó desde el año 2020 la promoción de normas de cupo laboral en coordinación con las provincias y municipios. El trabajo articulado territorialmente y transversal a los distintos partidos resultó clave en la tarea de promover el establecimiento de cupos laborales que se desplegó intensamente en territorios muy diversos.

En igual sentido, el Programa de Reparación de Derechos y Fortalecimiento de las Competencias Laborales para los afectados por los delitos de trata y explotación de personas (Reparar), fue creado en 2021 por el Estado Nacional bajo la órbita del entonces Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social. El mismo se propone reducir la vulnerabilidad laboral que afecta a las víctimas de trata a través del fortalecimiento o adquisición de competencias laborales, y consiste en una capacitación integral para la inserción laboral y establece una asignación dineraria básica no remunerativa por hasta 12 meses.