Ponce de León falleció en un supuesto accidente en la mañana del 11 de julio de 1977, cuando su auto chocó con una camioneta en la Ruta 9. El caso se cerró rápidamente y el conductor del otro vehículo fue condenado por homicidio culposo un año después.

En una audiencia presencial realizado hoy, las partes repasaron las nuevas pruebas aportadas en la investigación que ponen en duda que se haya tratado de un accidente automovilístico y solicitaron que la muerte del religioso sea investigada como un crimen de lesa humanidad.

El pedido de reapertura de la causa fue presentado en febrero de 2020 por el Ministerio Público Fiscal, al que también adhirió la Secretaría de Derechos Humanos, pero fue rechazado en primera instancia por el juzgado federal 2 de San Nicolás. Esa decisión fue recurrida y comenzó a ser revisada hoy por los camaristas Fernando Lorenzo Barbará, José Guillermo Toledo y Elida Isabel Vidal.

Durante la audiencia, se expuso un estudio realizado por un perito de parte presentado por la Secretaría de Derechos Humanos que reconstruyó la mecánica de los hechos y que consideró que no pudo haber ocurrido como declaró el conductor de la camioneta. La pericia concluyó que la colisión no fue accidental y que se habría tratado de un atentado premeditado contra el obispo.

La Secretaría destacó además los numerosos testigos que manifestaron que el religioso era víctima de graves amenazas por pedir la liberación de detenidos por razones políticas y refirió las similitudes con el asesinato del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, un año antes en un accidente fraguado.

La fiscalía repasó las numerosas irregularidades de la investigación original del supuesto accidente e hizo un análisis de la prueba para argumentar que corresponde la nulidad de esa causa. En caso de avanzar con la reapertura del caso, la fiscalía consideró que debería citarse a declaración indagatoria a exmilitares del Área 132 del Ejército, que tenía jurisdicción sobre San Nicolás, así como al conductor de la camioneta y a su acompañante.

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