La Corte de Casación de Italia, donde el ex capellán militar de San Rafael Franco Reverberi Boschi vive desde que huyó de la Argentina en 2011, rechazó el recurso de apelación contra la extradición presentado por la defensa del sacerdote y aceptó los argumentos del Estado argentino. Ahora, el ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, dispone de 45 días para ponerlo a disposición de las autoridades de nuestro país y concretar su traslado, algo que ya había autorizado cuando el Tribunal de Apelación confirmó la extradición el pasado agosto.

Reverberi Boschi fue capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael y es investigado por hechos cometidos en el Centro Clandestino de Detención “La Departamental”, que funcionó en la sede de los tribunales locales. Huyó del país en 2011, cuando se realizó en Mendoza el primer juicio por delitos de lesa humanidad y los testimonios de sobrevivientes y familiares comenzaron a señalar su responsabilidad.

Su extradición se logró luego de un largo proceso judicial que comenzó en 2013. En los últimos años, a instancias de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Estado argentino comenzó a darle un nuevo impulso y se presentó como parte interesada del proceso.

El pasado 10 de julio, luego de haber rechazado en dos oportunidades el pedido argentino, el Tribunal de Apelaciones de Bolonia finalmente hizo lugar al reclamo y aceptó la extradición de Reverberi Boschi.

Como parte de ese proceso, el Estado argentino impulsó la modificación de la jurisprudencia de la Justicia italiana, que sólo consideraba imprescriptibles los delitos de homicidio, para incluir también las torturas como crímenes de lesa humanidad. Ese cambio permitió que el ex capellán del Ejército sea extraditado por un homicidio y también por los tormentos sufridos por 10 víctimas en el CCD “La Departamental”.

Esto tendrá además un impacto muy importante en otros casos similares, como el del exmilitar Carlos Malatto, quien reside en Italia y es requerido por la Justicia argentina por crímenes de lesa humanidad contra más de 100 personas en San Juan.