La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un pedido ante el juzgado federal 2 de San Martín para que sean indagados por crímenes de lesa humanidad ocho exdirectivos y gerentes de las empresas Cerámica Cattaneo y Porcelana Lozadur, que funcionaron en Villa Adelina, provincia de Buenos Aires.

La acusación abarca a dos ex miembros de Cattaneo, Carlos Alberto Gasparutti, exdirector titular, y Alfredo Mauricio Katzenstein, ex jefe de Producción; y a seis ex miembros de Lozadur: Pedro Ernesto Bouche, ex gerente general; los exdirectores y apoderados Pedro Urs Naser y Daniel José Eduardo Igartúa; Alfonso Godofredo Amoroso Copello, exdirector; José Ramón Penas, ex gerente de Relaciones Industriales, y Miguel Luis Puigdevall, ex subgerente de Relaciones Industriales.

La Secretaría solicitó que sean indagados por su responsabilidad en los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, tormentos, robo y homicidios que tuvieron como víctimas a trabajadores y trabajadoras de ambas empresas.

El pedido de indagatoria incluye además al exmilitar Santiago Omar Riveros por su responsabilidad en el secuestro y tormentos que sufrieron dos personas y en el homicidio de una de ellas. Riveros fue comandante de Institutos Militares, con sede de Campo de Mayo, y era la máxima autoridad militar de la zona de Defensa IV, de la que formaba parte la zona norte del Gran Buenos Aires donde ambas fábricas funcionaban.

Entre 1976 y 1977, al menos 15 trabajadores, trabajadoras y delegados sindicales fueron secuestrados y torturados y tan sólo dos recuperaron la libertad, mientras que el resto fue asesinado o aún permanece desaparecido. La mayoría de las víctimas tenían algún grado de actividad gremial y había participado en los conflictos laborales que mantenían con las empresas.

Los responsables militares por algunos de estos hechos fueron juzgados en 2014 en el juicio denominado “De los trabajadores”, en el que Riveros resultó condenado junto a expolicías, exmilitares y prefectos por la represión ilegal en las plantas fabriles de la Zona Norte del gran Buenos Aires.

Durante ese debate surgieron las pruebas documentales y testimoniales que dieron inicio a esta investigación sobre el rol de las empresas, directivos y cargos jerárquicos y la motivación económica detrás de los delitos. Los casos de ambas firmas también fueron relevados en el informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, realizado de manera conjunta por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), FLACSO Argentina, el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Los años previos al golpe cívico-militar en Cerámica Cattaneo y Porcelana Lozadur habían sido de mucha conflictividad producto de los bajos salarios y paupérrimas condiciones laborales. Trabajadores de ambas fábricas habían encabezado el proceso de renovación de la seccional local de la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA) por una conducción más combativa, que lideraba estos reclamos.

La persecución a trabajadores comenzó poco antes del golpe y alcanzó su momento más álgido en 1977. En medio de medidas de fuerza de los trabajadores, la empresa Lozadur inició un lockout patronal, cerró su planta y despidió a todos sus empleados. Dos semanas más tarde, entre el 2 y el 3 de noviembre, siete trabajadores, todos delegados de base, fueron secuestrados de sus domicilios.

A los pocos días, el directorio de la empresa decidió reabrir sus puertas dando por finalizado el conflicto. “La única solución definitiva al problema era la eliminación de todos los elementos vinculados claramente a la acción disfrazada de gremial y por ello, el 18 de octubre se resolvió́ cerrar el establecimiento y despedir con causa legal a todo el personal en conflicto (…). El día veinte de noviembre de 1977 se reabrió́ la planta mediante la reincorporación de parte del personal, previa y debidamente seleccionado”, reconoció años después un apoderado de la empresa durante una presentación en un concurso de acreedores. Allí aseguró además que consideraba que la Comisión Interna estaba “integrada por elementos evidentemente vinculados a la subversión”.

En octubre de 1977, los trabajadores de Cerámicas Cattaneo se habían sumado a los reclamos de Lozadur. A fines de ese mes fueron secuestrados cinco obreros, 3 de ellos por un grupo de tareas que ingresó a la planta y contó con la colaboración del personal de seguridad de la empresa.

“Son las propias empresas Lozadur y Cattaneo las que a través del accionar de sus directivos y gerentes señalaron y entregaron a sus empleados a las garras del Ejército para que los secuestraran, torturaran, asesinaran y desaparecieran”, señaló la querella de la Secretaría en su presentación.

El pedido de indagatorias se enmarca en el Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad, que establece como una de las prioridades de la Secretaría de Derechos Humanos el avance sin demoras de estas causas, en particular las que involucran la responsabilidad de actores económicos o civiles, que son las que generan las mayores resistencias dentro del Poder Judicial.

Las víctimas no pueden esperar. Los juicios tampoco.

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