El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, firmó hoy un nuevo acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un caso emblemático de violencia institucional en la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la causa conocida como la “Masacre de Wilde”.

El 20 de marzo de 2006, Raquel Gazzanego, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad internacional de la Argentina por la ejecución extrajudicial de su marido, Edgardo Cicutín, el 10 de enero de 1994, a manos de policías de la Provincia de Buenos Aires; así como, por las acciones desplegadas por integrantes de esa fuerza para procurar su impunidad, y la falta de debida diligencia en la investigación penal que se inició por estos hechos.

Durante el acto, el secretario expresó a los familiares de la víctima: "Hoy podemos llegar a este acuerdo por el trabajo de ustedes. Quiero agradecerles por todo el esfuerzo que hicieron y que hizo posible que hoy estemos firmando este acuerdo, para mantener la memoria viva, para que se sepa la verdad y haya justicia. La lucha contra la violencia institucional es uno de nuestros ejes”.

Al inicio de la actual gestión de gobierno, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación impulsó un proceso de diálogo ante la CIDH, en el que, tras numerosos encuentros, las partes llegaron a un acuerdo. Allí, el Estado argentino reconoce su responsabilidad internacional por la violación del derecho a la vida de Edgardo Cicutín y, por la falta de adecuación de la investigación penal a los estándares internacionales que rigen en materia de graves violaciones a los derechos humanos. El Estado argentino también reconoce su responsabilidad internacional por la violación al plazo razonable en la tramitación del proceso penal y en sede civil.

El acuerdo contempla diversas medidas de reparación y garantías de no repetición. Entre ellas:

• Un acto público de reconocimiento de responsabilidad, al que se invitará a participar a autoridades nacionales y de la Provincia de Buenos Aires y a las máximas autoridades policiales federales y provinciales.
• Acciones para continuar impulsando la búsqueda de justicia por los hechos del caso.
• La promoción de la sanción por parte del Congreso Nacional de una Ley Nacional contra la Violencia Institucional.
• La plena implementación del plan de señalización de hechos graves de violencia institucional, así como la consolidación de los Centro de Denuncias de hechos de Violencia Institucional.

En estos últimos 4 años, la Secretaría retomó la tradición de prestar plena colaboración a los organismos internacionales de protección de derechos humanos, y mantuvo coherencia entre el litigio internacional y la política de derechos humanos local: ante casos de evidente violación de derechos, se optó por reconocer responsabilidad y procurar prontamente la reparación integral de las víctimas y sus familiares. Así, se privilegió el mecanismo de soluciones amistosas en las peticiones ante el sistema interamericano. Entre otras acciones, desde 2020 se firmaron 44 nuevos acuerdos de solución amistosa o de cumplimiento de recomendaciones con víctimas y sus representantes, un récord absoluto. Más, considerando que, desde la década de los 80, la Argentina había firmado 32 acuerdos en total.

Además, en enero de 2021, la secretaría había realizado un acto de señalización por la “Masacre de Wilde” en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, donde se descubrió un cartel en memoria de las víctimas del emblemático caso de violencia institucional.

También estuvieron presentes en el acto de la firma la esposa de la víctima, junto con sus hijos y abogados; la directora nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de Derechos Humanos, Gabriela Kletzel; y el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski.