El Juzgado Nacional Civil N° 39, a cargo de la Jueza María Victoria Pereira, rechazó el pedido del demandante, que alega ser el propietario de la vivienda ubicada en Villa 15, para hacer efectivo el desalojo de 26 personas, entre ellas niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad, todos en condiciones de extrema vulnerabilidad.

A mediados del año pasado, las seis familias afectadas, con el patrocinio legal del Centro para una Justicia Igualitaria y Popular (CEJIP), realizaron una presentación ante el Comité DESC de Naciones Unidas para denunciar al Estado argentino por la violación al derecho a la vivienda adecuada y solicitar la suspensión del desalojo forzoso.

En virtud de esta denuncia, el Comité DESC dictó una medida provisional ordenando que el Estado argentino se abstenga de ejecutar el desalojo que había sido dispuesto por la justicia nacional.

Desde el inicio del trámite internacional, la Secretaría, a través de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de Derechos Humanos, efectuó gestiones intensas, regulares y activas para dar cumplimiento a la medida provisional dictada por el Comité, en virtud del respeto a las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina en materia de derechos humanos.

En este marco, impulsó el armado de una mesa de trabajo con la participación activa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Este espacio procura articular acciones y generar intercambios entre las agencias involucradas para lograr una solución al conflicto planteado, y garantizar la vigencia efectiva de los derechos humanos de las personas afectadas.

En su fallo, la jueza destacó la labor del Estado Nacional para fomentar un diálogo constructivo que permita dar una respuesta efectiva a los problemas habitacionales planteados y se logre la solución del conflicto internacional.