La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó y amplió el procesamiento contra cinco personas como integrantes de una organización criminal que se dedicó a falsificar pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y expedientes de reclamos por leyes reparatorias.

Los camaristas Martin Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico dejaron firme el procesamiento que había dictado por el juzgado federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires contra los cinco acusados y, por pedido de los partes acusadores, entre las que se encuentra la Secretaría de Derechos Humanos, decidió ampliar el procesamiento por hechos que en primera instancia se había dictado la falta de mérito.

Así, Adrián Martínez Moreira quedó procesado como organizador de la asociación ilícita y por delitos como falso testimonio, estafa, estafa procesal y fraude a la administración pública en casi 80 hechos. También fueron confirmados los cargos contra otras cuatro personas que integraron la organización: Omar Enrique Ramón García, Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman.

En la causa se investigaron distintos hechos realizados por la organización con el objetivo de obtener beneficios económicos: a través de denuncias y pruebas falsas, se presentaron en causas judiciales por crímenes de lesa humanidad y expedientes vinculados al cobro de indemnizaciones contempladas en las leyes reparatorias por graves violaciones de derechos humanos.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en esta causa en agosto de 2021, luego de reunir información sobre estas maniobras fraudulentas en expedientes judiciales y administrativos que procuraron afectar el trabajo de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias de la Secretaría y a las víctimas que legítimamente buscan una compensación ante el Estado.

En este carácter, la Secretaría aportó pruebas documentales, ofreció testimonios y, ante la Cámara Federal logró que también se lo procese a Martínez Moreira por estafa procesal, al haber presentado prueba falsa a un juez civil para que le otorgara la nueva identidad que le permitió construir el relato de falso hijo de desaparecidos.

Con el impulso de la causa, se busca dar claridad y asegurar la transparencia ante estos hechos, que han tenido impacto en las víctimas, en la normal administración de justicia y, que han intentado afectar -sin éxito- la gestión de la política reparatoria.