Durante esta semana, una delegación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se trasladó a la provincia de Tucumán para llevar adelante una agenda de actividades que incluyó la colocación de un cartel en el lugar donde, en 2020, miembros de la policía de la provincia asesinaron a Luis Espinoza; el descubrimiento de una placa en homenaje al cabo José Hernández, desaparecido de la dictadura cívico-militar, la señalización del sitio de memoria La Fronterita y la presentación de los cuadernillos “Repertorios. Perspectivas y debates en clave de derechos humanos”, una colección de publicaciones editadas por la Secretaría que tiene como fin reflejar y difundir los aportes y discusiones centrales del campo académico y de divulgación sobre diversas temáticas vinculadas a la trayectoria y la agenda de los Derechos Humanos en Argentina y a nivel internacional.

En la primera jornada, se descubrió una placa en la plaza principal de Ingenio San Pablo para recordar al cabo José Hernández. El acto formó parte de las medidas de reparación acordadas en el 2022 entre el Estado argentino y la familia de José Luis D’Andrea Mohr, como resultado de un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la ceremonia estuvieron presentes funcionarios de la Secretaría, así como autoridades provinciales y locales, junto a los familiares de Hernández y D'Andrea Mohr.

José Hernández, acusado de desertor durante la última dictadura cívico-militar, fue en realidad una de las numerosas víctimas de desaparición forzada durante el terrorismo de Estado. Su caso había sido visibilizado en uno de los libros de D’Andrea Mohr, un militar pasado a retiro obligatorio por denunciar los crímenes cometidos durante la dictadura, que mencionó la desaparición de José Hernández en sus escritos.

Más tarde ese mismo día, como parte de la política de la Secretaría para dar visibilidad a los lugares que fueron escenario del terrorismo de Estado, se señalizó como Sitio de Memoria la Base Militar en el Ingenio La Fronterita, ubicada en Famaillá. Este sitio, que operó desde febrero de 1975 hasta la última dictadura cívico-militar, funcionó como centro de detención y tortura, donde trabajadores de los ingenios azucareros y personas vinculadas con la militancia sindical y política permanecieron ilegalmente secuestrados. El acto contó con los testimonios de sobrevivientes que compartieron sus experiencias en ese lugar.

Luego, la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría realizó la instalación de un cartel conmemorativo en memoria de Luis Espinoza en la localidad de Atahona, Simoca. Espinoza, víctima de violencia institucional, fue asesinado por policías de la provincia de Tucumán durante un operativo en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y su cuerpo, desaparecido por los efectivos y encontrado 7 días más tarde. Por esta causa, en marzo pasado cuatro policías fueron condenados a prisión perpetua y cinco más recibieron penas de entre 5 y 12 años.

Además, la delegación de la Secretaría visitó el archivo histórico de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), "Hilda Guerrero de Molina", a cargo del Grupo de Estudios del Movimiento Obrero del Noroeste Argentino (GEMONOA), perteneciente al CONICET y a la Universidad Nacional de Tucumán. Finalmente, la comitiva se trasladó al espacio de memoria “La Escuelita” de Famaillá, donde observaron las recientes intervenciones realizadas por el equipo de conservación de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria y el Laboratorio de Investigaciones Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (LIGIAAT).

"Esta señalización es el fruto de un trabajo que iniciamos hace un año. Los organismos de derechos humanos históricos de Tucumán nos ayudaron a convocar a todos los ex trabajadores del Ingenio, víctimas de este excentro clandestino. Esperamos que este acto realizado desde el Estado nacional y provincial empuje al Poder Judicial para que finalmente de inicio el juicio que terminará de reparar todo el daño provocado a la comunidad de La Fronterita en el marco del Operativo Independencia", señaló Lorena Battistiol, directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, quien formó parte de la comitiva junto con Andrea Copani, directora nacional de Gestión de Fondos Documentales del Archivo Nacional de la Memoria, y Emiliano Quinteros, director de Gestión de Casos de Violencia Institucional.