El Tribunal Oral Federal 4 de San Martín condenó hoy al excomisario de la Policía Federal Roberto Álvarez a 10 años de prisión como autor de la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por Edith Aixa Bona en 1980. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue querellante en el debate.

El Tribunal ordenó además que, cuando quede firme la sentencia, el Ministerio de Seguridad de la Nación inicie el proceso de baja por exoneración del condenado y se suspenda el goce de retiro, pensión o jubilación que reciba. Además, solicitaron que se señalice la Delegación San Martín de la Policía Federal como lugar donde se cometieron delitos de lesa humanidad.

La pena otorgada coincidió con el pedido realizado por el Ministerio Público Fiscal, mientras que las querellas habían solicitado que el ex policía fuera condenado a 20 años de prisión por esos delitos.

Bona y su pareja, Gervasio Martín Guadix, eran militantes de Montoneros y habían regresado del exilio en 1979 en el marco de la denominada “Contraofensiva” con el objetivo de realizar acciones de resistencia a la dictadura.

Bona fue secuestrada en marzo de 1980 en la Ciudad de Buenos Aires pocas horas después que Guadix. Fue llevada a un centro clandestino de detención de Campo de Mayo y luego a la Delegación San Martín de la Policía Federal Argentina, de la que Álvarez era el jefe. Permaneció cautiva en ese lugar durante una semana, tiempo en el que la mantuvieron encadenada a un catre y no le dieron de comer, hasta que fue legalizada y trasladada a la cárcel de Devoto. Guadix aún sigue desaparecido.

Esta es la primera vez que Álvarez, oficial de inteligencia de la Policía Federal, fue juzgado por crímenes de lesa humanidad. La causa se inició en agosto de 2020, cuando declaró como testigo durante el debate “Contraofensiva I”. A través de la transmisión que realizó el medio comunitario La Retaguardia, Bona pudo identificarlo como quien la había trasladado en un auto a fines de agosto de 1980 desde Campo de Mayo hasta la Delegación San Martín.

Antes de asumir la jefatura de la Delegación San Martín de la Policía Federal en 1979, el condenado integró la Dirección General de Interior y la Dirección de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal, dos lugares centrales en la persecución y represión realizada por la fuerza de seguridad durante el terrorismo de Estado. Por su rol en esta estructura, se encuentra procesado y a la espera del juicio oral en la causa “Acindar”, sobre la represión ilegal en la ciudad santafecina de Villa Constitución en 1975.

Este es el tercer juicio que se lleva adelante en el marco de la causa “Contraofensiva” en la jurisdicción de San Martín. En “Contraofensiva I” fueron condenados a prisión perpetua los ex jefes de inteligencia del Ejército, Jorge Apa, Roberto Bernardo Dambrosi, Luis Ángel Firpo, Jorge Eligio Bano, Eduardo Eleuterio Ascheri y Marcelo Cinto Courtaux, por crímenes contra 94 personas entre 1979 y 1980.

En “Contraofensiva II”, realizada en 2021, sólo estuvo imputado Guillermo Mario Ocampo, quien había estado prófugo y no pudo ser juzgado en la primera parte. El ex jefe de la Segunda Sección de Ejecución del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en 1980 contra 47 militantes de Montoneros.

Hoy en Argentina se están llevando adelante más de 15 juicios orales en diferentes provincias y la Secretaría de Derechos Humanos es querellante en dos de cada tres de esas causas. Desde la vuelta de la democracia, ya fueron condenados por la justicia más de 1100 genocidas. Podés encontrar estos y otros datos en juiciosdelesahumanidad.ar, una web que reúne la información de todos los debates, con seguimiento de testimonios, sentencias y audiencias en vivo.

Los juicios no pueden esperar. Las víctimas tampoco.