De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, la fiscalía italiana realizó el cierre formal de la etapa de pesquisas sobre el exmilitar Malatto, prófugo de la justicia argentina desde 2011, acusado por el asesinato de al menos ocho personas en su carácter de miembro de la plana mayor del RIM 22 en la provincia de San Juan.

De esta manera, se abre la instancia para la petición formal de elevación a juicio que se espera se concrete durante el mes de octubre. El cierre de esta etapa implica además que la fiscalía de Roma considera que ya tiene pruebas suficientes para que el represor sea juzgado en el marco de un debate oral, y eventualmente condenado.

“Se trata de una noticia muy importante para nosotros que venimos impulsando estos procesos”, señaló el secretario Pietragalla Corti, y agregó que “este hecho da cuenta de la importancia de un Estado presente a través de políticas de Memoria, Verdad y Justicia que se compromete en la lucha para evitar la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad”.

El funcionario remarcó que “el avance en los juicios que se llevan adelante en nuestro país y las causas en el exterior a criminales prófugos, en Italia, Alemania y Estados Unidos, constituyen la mejor respuesta a quienes pretender poner en discusión la legitimidad y el sustento jurídico constitucional y de derechos humanos del proceso de juzgamiento a los represores”.

Pietragalla que en reiteradas ocasiones viajó para reunirse con funcionarios judiciales, aportar pruebas e impulsar el proceso de justicia, reconoció además la labor de los grupos de víctimas y familiares en Italia que colaboraron con las denuncias y el avance de la causa.

La Secretaría de Derechos Humanos se presentó también como querellante en seis causas por crímenes de lesa humanidad en la provincia de San Juan en las que está imputado Malatto, con el objetivo de darle impulso a la investigación en nuestro país, además de procurar la extradición del represor.

Además, es importante destacar que el Estado argentino, a través de la Secretaría de derechos humanos, es parte querellante en el juicio que se sigue contra el exmilitar uruguayo Jorge Troccoli, quien está siendo juzgado por una víctima argentina del Plan Cóndor, e impulsa como parte el proceso de extradición de Cherutti. A su vez, la secretaría colaboró activamente con la investigación iniciada por la Fiscalía de Berlín en contra de Luis Kyburg, de quien se espera sea sometido a juicio en 2024.