Dos municipios del Departamento de Oran, en la frontera norte de Salta, votaron ordenanzas que establecen cupos de reinserción laboral para victimas rescatadas del delito de trata de personas y disponen la difusión masiva de la carteleria del nùmero 145 en sus territorios.

Los concejos deliberantes de Pichanal y Colonia Santa Rosa aprobaron ordenanzas que reservan el 1 % de los cargos disponibles para que sean ocupados por personas que fueron víctimas del delito de trata de personas, incluido servicios tercerizados. Establecen además la capacitación previa y remunerada para los aspirantes a esos cargos resguardando la confidencialidad de los datos de las víctimas. En ambas ordenanzas se impone la distribución y difusión de la línea 145 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para que cualquier vecino denuncie situaciones de explotación laboral o sexual.

En el caso de Pichanal, fue el propio presidente del Concejo Deliberante, Marcos Domínguez (del bloque oficialista provincial Salta Gana) quien presentó la ordenanza consensuada con la delegada del Comité Ejecutivo en la provincia, Stella Maris Corbacho. En el caso de Colonia Santa Rosa, fueron los concejales Esteban Elio Calisaya (SF), Ricardo Alberto Díaz (SG) y Antonio Omar Benitez (PV) los autores de la iniciativa, también consensuada con la delegada del comité ejecutivo en la provincia.

Con estas ordenanzas, ya son 14 los municipios en 8 provincias que votaron normas similares para garantizar trabajo registrado y digno para las personas que son rescatas del delito de trata de personas. Los 12 anteriores fueron: San Miguel de Tucumán; San Luis del Palmar, Virasoro y Santa Lucía (corrientes); Rawson (Chubut) Machagai (Chaco), Arauco y Chilecito (La Rioja), Mosconi e Hipólito Yirigoyen (Salta), Gobernador Gálvez (Santa Fe) y Formosa Capital. Además las provincias de Catamarca y Chaco ya votaron leyes que establecen cupos tanto en el ámbito público como privado para asegurar empleo registrado a quienes fueron víctimas de trata.

Estas iniciativas se complementan con el “Programa Nacional de Reparación de Derechos y Fortalecimiento de las Competencias laborales para las afectadas y los afectados por los delitos de trata y explotación de personas”, que ya está en funcionamiento en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. Dicho programa está capacitando en oficio a decenas de víctimas rescatadas a las que se incluirá laboralmente en el ámbito público o privado luego del entrenamiento durante un año, período en el cual perciben un salario no inferior al mínimo, vital y móvil que les abona el Ministerio.

A instancias del trabajo interinstitucional y la articulación federal que impulsa el Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y explotación de personas que dirige Gustavo Vera, en diferentes puntos del país, las comunidades se van sumando para que se restituya el derecho al trabajo digno a las personas víctimas del delito de trata y se impida su revictimización