Presidencia de la Nación

Municipio riojano sancionó el cupo laboral para víctimas y la difusión obligatoria de la línea 145

Con la sanción de las tres ordenanzas en el Departamento de Arauco, ya son ocho los municipios que cuentan con cupo laboral para víctimas de trata y explotación.


En una jornada histórica en el Consejo Deliberante del Departamento de Arauco (Aimogasta) se aprobaron por unanimidad tres ordenanzas presentadas por la Consejal Giovanna Maturano del bloque “Arauco Crece” (PJ) que comprometen a esa localidad en la lucha contra la trata de personas y a la asistencia a las víctimas.

En primer lugar, se aprobó la adhesión a la ley nacional 26.364, “Sobre prevención y sanciones de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”, y su modificadora 26.842.

En segundo lugar, se aprobó “La implementación obligatoria de cartelera y calcomanías en taxis y remises para visibilizar la línea nacional gratuita del número 145”, para denunciar situaciones de explotación sexual o laboral.

Y finalmente, se aprobó una ordenanza que establece un cupo laboral en el ámbito municipal y en los servicios tercerizados del 1 % disponible para personas que han sido rescatadas del delito de trata de personas. También establece la obligación del municipio de brindar capacitación laboral remunerada para cualquiera de los puestos vacantes a ocupar.

De este modo, el Departamento de Arauco, de intensa actividad agrícola y turística en el norte de La Rioja se pliega a las ordenanzas de cupo que ya votaron San Miguel de Tucumán, Rawson (Chubut), Virasoro, Santa Lucía y San Luis del Palmar (Corrientes), Machagai (Chaco) y Chilecito de la misma provincia y a la ley votada en la provincia de Catamarca.

También este municipio replica la obligatoriedad de cartelería del 145 en taxis y remises que ya votaron los municipios de La Rioja Capital, Alvear en Mendoza, y Gálvez y General Baigorria en Santa Fe.

A instancias del trabajo interinstitucional y la articulación federal que impulsa el Comité Ejecutivo de lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y Asistencia a las víctimas, en diferentes puntos del país, las comunidades se van sumando institucionalmente en tareas de visibilización y en garantizar la reinserción y capacitación laboral para las víctimas rescatadas de ese delito.

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