El Municipio de Gobernador Virasoro, en la Provincia de Corrientes, se convirtió en el primer municipio del país en incorporar a su planta municipal a una persona rescatada del delito de trata de personas, comenzando a cumplir así las ordenanzas 1190/22 y 1218/22 que garantizan un cupo laboral para las víctimas, sancionadas por el consejo deliberante de esa localidad. Con la presencia del Intendente Emilio Fernández y José María Serbin, delegado del Comité en la provincia de Corrientes, se anunció en la semana este primer paso concreto para hacer cumplir las normas.

Simultáneamente, en la Provincia de Catamarca, que fue la primera jurisdicción del país en sancionar una ley promoviendo el empleo digno y registrado para las personas rescatadas del delito de trata de personas el pasado 23 de setiembre, comenzó a ejecutarse la ley 5710/21 facilitando la incorporación de una sobreviviente en una conocida industria textil. Esto fue mediante la articulación del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo local con las empresas privadas del sector, con las que se organizan capacitaciones en el rubro textil que ya posibilitaron la incorporación efectiva al plantel de la empresa a una sobreviviente, mientras se capacita a otras para que sigan el mismo camino de acceso al empleo digno. Durante el proceso de capacitación previa a la incorporación, el Estado garantiza de manera remunerada la contención de las sobrevivientes. En todo este proceso intervino también el Comité, mediante su delegada Yvana Contreras.

Estos dos casos testigos que efectivizan una ordenanza y una ley, son inspiradores para la treintena de municipios que ya aprobaron normas de cupo laboral y para las provincias que tienen leyes de cupo y promoción laboral como Chaco, o que tienen proyectos similares en estado parlamentario y en vísperas a ser aprobados como son los casos de Neuquén, Jujuy, Salta y Santa Cruz.

El plan nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas 2020/2022 contempla entre las cien acciones que lo integran, políticas públicas medulares que garantizan la restitución plena de derechos y que permiten una reconstrucción del proyecto de vida: acceso a la vivienda, acompañamiento terapéutico y trabajo digno.

Para poder cumplir con estos objetivos, el Comité viene impulsando una fuerte articulación federal tanto con los gobiernos provinciales como con los municipales. En el caso del acceso al trabajo, se fueron sancionando ordenanzas municipales que garantizan cupos laborales y leyes provinciales, en Chaco y Catamarca, que estipulan la formación e inserción laboral.