Juntos repasaron el estado de ejecución del plan bienal 2020-2022, que se encuentra en un 67% de ejecución en su primer año. También el nuevo programa del Ministerio de Trabajo de capacitación e inclusión laboral para garantizar acceso al empleo a las personas que fueron víctimas del delito de trata de personas y complementariamente los esfuerzos que hacen gobiernos provinciales y municipios para dictar leyes y ordenanzas que garanticen cupo laboral para víctimas tanto en el ámbito público como privado.

Además, pusieron de relieve el importante trabajo de las mesas interinstitucionales conformadas en 19 provincias en las que el Estado nacional articula con los gobiernos provinciales y los municipios en un trabajo mancomunado y federal que mejora la eficacia en la prevención y persecución del delito y en la restitución de derechos para las víctimas.

Repasaron el balance de la gestión y los desafíos que debemos afrontar para el 2022, en el que se destaca la federalización del Estatuto Especial de Acceso a la Vivienda para las víctimas del delito de trata cuyo convenio marco ya fue firmado entre el Ministerio de Desarrollo y Hábitat y el Comité y la federalización del programa de acompañamiento terapéutico firmado con la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud.

Coincidieron en la necesidad de estrechar lazos de coordinación con protocolos ágiles con los países hermanos que limitan con la Argentina y en responder en tiempo y forma a todas las evaluaciones internacionales que se realizan sobre lucha contra la trata de personas donde nuestro país está calificado entre los 28 países del mundo que más esfuerzo realizan para mejorar los estándares de intervención.