Es bien sabido que en el ámbito rural existe en la actualidad no solo la precarización de los trabajadores y las trabajadoras sino que, peor aún; existe la trata laboral, el trabajo forzado y/o la explotación infantil con el único fin de enriquecer a unos pocos con el sufrimiento de muchos.

Los altos índices de informalidad en la registración laboral del sector y la vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores y las trabajadoras los convierten en presa fácil para que algunos productores inescrupulosos los exploten al punto tal de cometer delitos aberrantes tales como la reducción a la servidumbre y la trata laboral.

Es por ello que el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas presentó recientemente el Plan Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas 2020 – 2022. Dicho plan fue elaborado de manera participativa por cinco (5) Ministerios –Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Seguridad y Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad- que integran el COMITÉ, y la articulación de cuarenta y cuatro (44) organismos asociados. El plan está compuesto por cien (100) acciones que se encuentran divididas en 4 (cuatro) ejes principales de trabajo: prevención, asistencia, persecución y fortalecimiento institucional cuyo objetivo común es el de definir las políticas públicas en la lucha contra este flagelo.

Desde entonces el Director Operativo del Comité viene trabajando incansablemente en la celebración de convenios con los distintos actores de los gobiernos nacional, provinciales y municipales, como así también con las asociaciones y organismos públicos y privados para cumplir con las 100 acciones comprometidas y con ello poder extinguir el sufrimiento de muchas personas que son víctimas, aun hoy en día, de la esclavitud. También se han realizado un sinfín de denuncias y, a partir de ellas, se ha conseguido rescatar a muchas personas. Pero lamentablemente las causas judiciales no siempre logran condenar a los responsables por falta de información y/o antecedentes que acrediten la conducta reiterada de los explotadores.

Efectivamente, la experiencia indica que muchos de los productores denunciados nunca han recibido una inspección de organismos públicos y/o privados o éstos carecen de una base/registro que les permita remitir a la justicia los antecedentes para sustanciar la investigación.

En ese sentido, resulta relevante que los productores rurales reciban constantemente inspecciones de los organismos públicos y/o privados según sus facultades y con la información reunida se pueda elaborar una matriz de riesgo que permita identificar a los más incumplidores y se elabore un legajo con sus antecedentes para que pueda presentarse con rapidez ante la justicia a su requerimiento.

Es dable aclarar que no solo las autoridades con poder de policía del trabajo son las responsables de denunciar ante la justicia la posible comisión de los delitos de trata y explotación laboral, sino que esa responsabilidad alcanza a todos los funcionarios públicos que eventualmente tomaran conocimiento de la existencia de un delito de esa naturaleza.

En esa inteligencia, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas propiciará en las Mesas Interinstitucionales de cada provincia la articulación de inspecciones con los distintos organismos con facultades para elaborar la matriz de riesgo y a partir de la sinergia de todas las áreas con facultades inspectivas.