El director del Comité de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, Gustavo Vera, disertó en la sede de la Asociación Mundo Igualitario (AMI) de la ciudad de Mar del Plata, en el marco de un conversatorio acerca de la ordenanza 25.590, su impacto en el colectivo de mujeres y diversidades, y la violación de los derechos humanos.

La ordenanza mencionada se encuentra vigente desde el mes de septiembre del pasado año, y fue impulsada por el actual intendente de la ciudad balnearia, Guillermo Montenegro. Como consecuencia de dicha normativa, existe un colectivo de mujeres y diversidades en situación de prostitución que están siendo criminalizadas y sancionadas. Por tal motivo, y por la inconstitucionalidad de la norma, el Comité presentó oportunamente un recurso de amparo.

En el conversatorio expusieron: Claudia Vega, presidenta de AMI y abogada patrocinante que se encuentra brindando acompañamiento jurídico de manera gratuita a las personas en situación de prostitución desde la vigencia de la ordenanza; Gustavo Vera, quien compartió la tarea que se viene realizando con la presentación de amparos judiciales; y Cintia Anahí Pili, titular de la Coordinación Nacional de Acceso y Promoción del Empleo para personas travestis, transexuales y transgéneros del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MdMGyD), quien compartió la política pública que brinda desde su gestión. La moderación estuvo a cargo de Patricia Vozzi, secretaria de AMI.

También estuvieron presentes: Patricia Gordon, coordinadora de los Equipos Técnicos del Comité Ejecutivo; Mila Montaldo, a cargo de la Oficina de Asistencia a las víctimas del Ministerio Público Fiscal; Lorena Medel, directora de Promoción y Protección del MdMGyD de la Provincia de Buenos Aires; integrantes del Grupo de Estudios G-TEP; Lilian Morilla, secretaria gremial de UATRE Mar del Plata; Mariano Martínez Bauer, delegado de la quinta sección por el Comité Ejecutivo; referentes del Movimiento de Mujeres, Género y Diversidad Mar del Plata-Batán y diversas organizaciones de la sociedad civil.

Durante el debate, se abordaron temas cruciales sobre las realidades a las que se ven expuestas las personas en situación de prostitución: ausencia de asistencia y de programas adecuados, avasallamiento de sus derechos por parte de personal policial y del juzgado de faltas, actas irregulares, ausencia de la Ley Micaela, etc.

Como conclusión, se acordó una agenda de trabajo en el área jurídico-social, entre el Comité, AMI, organismos competentes y organizaciones de la sociedad civil, que tendrá lugar en el mes de marzo.