Con el objetivo de consolidar políticas públicas destinadas a la reconstrucción de un proyecto de vida digno de las personas damnificadas por los delitos de trata y explotación en sus diversas modalidades, se reunieron en la sede del Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata de personas, Cecilia Cross, Subsecretaria de Políticas de inclusión en el mundo laboral del ministerio de Trabajo de la Nación, y Gustavo Vera, Director Operativo del Comité Ejecutivo contra la trata de personas; de la reunión también participaron: María Laura Ferrante, coordinadora para la Lucha contra la Trata de Personas y el Trabajo Forzoso y para la Asistencia a las Víctimas (COOTRAVIC), del Ministerio de trabajo, y Tamara Rosenberg, por el Equipo Técnico de la Dirección operativa del Comité.

Además de realizar un balance sobre la implementación piloto del Programa Nacional de Reparación de Derechos y de Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las afectadas y los afectados por los delitos de Trata y Explotación de Personas, del que participaron 29 beneficiarias, se fijó la fecha de apertura para la siguiente convocatoria de dicho Programa, para el 23 de septiembre próximo.

Esta política apunta a reducir la vulnerabilidad laboral que afecta a las víctimas de los delitos de trata y/o explotación sexual o laboral. Para ello, establece acciones para fortalecer o adquirir competencias laborales a través de vincular a las y los destinatarios a programas de capacitación e inserción laboral que brinda la cartera laboral, a la vez que establece una asignación dineraria básica no remunerativa.

También se acordó que entre las acciones que se incluirán en el próximo plan bienal del Comité, el mencionado programa tendrá dos convocatorias anuales, tanto para víctimas de explotación laboral como sexual que se encuentren en el último tramo de la asistencia que debe brindar el Estado.

Durante la reunión también analizaron la necesidad de profundizar la participación activa y articulada de los organismos nacionales, provinciales y municipales como así también el trabajo mancomunado entre los delegados y delegadas territoriales del Comité contra la Trata y las Agencias Territoriales del Ministerio de trabajo para generar las condiciones de inserción laboral de las y los beneficiarios del Programa.

Asimismo, destacaron la importancia de involucrar al sector empresario como un actor clave en todo este proceso.