Uno de los ejes cardinales de la actual gestión del Comité Ejecutivo y plasmada en el plan bienal 2020-2022 es garantizar la plena restitución de derechos a las personas rescatadas del delito de trata de personas a los fines de evitar su revictimizacion. Esto implica además de los programas de ayuda inmediata, políticas que garanticen el acceso al empleo, al acompañamiento terapéutico, a la reparación del daño y a la vivienda para que reconstruyan su proyecto de vida.

Por eso fue crucial que la última Asamblea del Consejo Nacional de la Vivienda donde participan responsables de las políticas habitacionales de todo el país, adhirieran al Convenio suscrito entre el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Tata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a los fines de garantizar la implementación de un Estatuto Especial de Acceso a la Vivienda para las personas rescatadas de la esclavitud sexual y/o laboral. La adhesión de las provincias al convenio era el paso necesario para que esa política fuera una realidad concreta.

El convenio aprobado por los institutos provinciales de vivienda apunta a promover, a través de los entes ejecutores provinciales, municipales y entidades del programa “Casa Propia-Construir Futuro”, soluciones habitacionales y mejoramientos de viviendas y habilita a que todas las provincias aporten programas propios que garanticen prioritariamente el acceso o mejoramiento de viviendas para las personas que han sido víctimas de trata.
También establece como destinatarios a las “víctimas de la Trata y Explotación de Personas residentes en cada jurisdicción adherida al acuerdo que carezcan de vivienda o tengan una vivienda deficitaria por deterioro, obsolescencia, hacinamiento, y/o falta total o parcial de ambientes, locales, o instalaciones básicas.”
Como soluciones habitacionales, se especifica “Viviendas nuevas a construirse en el marco del PROGRAMA “CASA PROPIA – CONSTRUIR FUTURO” en estado de selección de postulantes en cada jurisdicción adherida a este ACUERDO” y soluciones habitacionales específicas que aporte cada instituto de Vivienda Provincial.

La adhesión e implementación de las Provincias a este programa quedó plasmada en el texto de la acordada de la última asamblea. Allí se establece una hoja de ruta para comenzar a avanzar en esa dirección. Específicamente se acuerda “Promover la integración de equipos multi-disciplinarios a la estructura de “Punto Focal” local; Participar de la agenda y metas del Plan, conjuntamente con las delegaciones del CEdLCyETdPyAV; transmitiendo a los representantes del Cuerpo Técnico Permanente, los lineamientos y criterios de abordaje de la lucha en sus respectivos territorios; asumir una instancia de revisión de avances y logros de la implementación, que serán revisadas en próximas Asambleas y contribuir en el mediano plazo con la elaboración de políticas apropiadas, armónicas con los objetivos, recursos y demanda específica de cada jurisdicción” .

Con la puesta en marcha del Estatuto Especial de la Vivienda, la Argentina sigue liderando la lucha contra la trata en materia de políticas que garanticen la efectiva restitución de derechos a los fines de evitar la revictimizacion.