Los gobiernos de la República Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia firmaron este jueves 21 de septiembre una Hoja de Ruta que establece 35 acciones coordinadas en la lucha contra la trata de personas, el tráfico de migrantes y delitos conexos, a desplegarse en una primera instancia entre los años 2023 y 2024. La firma y ejecución del instrumento se enmarca en la Plataforma Regional contra la Trata y el Tráfico de Personas.

El director operativo del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Gustavo Vera, destacó el trabajo de los equipos técnicos que permitieron alcanzar este importante hito en las acciones bilaterales para la lucha contra estos delitos.

Además, calificó de fundamental el hecho de que los ministerios de Relaciones Exteriores puedan establecer los canales de coordinación adecuados, en el marco de las labores que permiten la protección y asistencia de sus connacionales.

"Será necesario que a partir de este punto de partida se instalen las mesas técnicas binacionales para gestionar acciones efectivas enfocadas a resolver problemas comunes en la prevención y lucha contra la trata de personas", finalizó.

Por su parte, en representación de la delegación boliviana, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional del Estado Plurinacional de Bolivia, y titular del Consejo Plurinacional contra la Trata y el Tráfico de Personas (CPCTTP), Iván Lima, señaló: "hemos considerado siempre que resultaba fundamental tener la Hoja de Ruta con Argentina (...) esta Hoja de Ruta contiene actividades binacionales que responden a resultados y productos que han trabajado los equipos en torno a áreas prioritarias como son la prevención, protección, reintegración, repatriación, persecución, sanción penal y planificación en la lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes, a partir del acuerdo de 2015".

Como antecedente, cabe destacarse que la Hoja de Ruta tiene el objetivo de aplicar operativamente el acuerdo marco para la prevención e investigación del delito de trata de personas y la asistencia y protección de sus víctimas firmado por ambos países en el año 2015 y ratificado por la Asamblea Legislativa Plurinacional en 2016. Luego del intercambio de propuestas realizadas a partir del 2018, se consensuó la construcción de la Hoja de Ruta que contiene 35 acciones homologadas por Bolivia y Argentina, las mismas que responden a la normativa de las dos naciones.

El acto para dar lectura y posterior firma a la Hoja de Ruta 2023-2027 contó con la presencia de autoridades argentinas y bolivianas, y representantes de los organismos de lucha contra la trata de ambos países. Asimismo, contó con el acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), motivo por el cual participaron las titulares de Argentina y Bolivia.

La delegación argentina estuvo presidida por el subsecretario de Política Exterior, embajador Claudio Rozencwaig, y por el director de Seguridad Humana, Innovación y Asuntos Tecnológicos Internacionales, embajador Gustavo Eduardo Ainchil. Participaron de la misma, entre otros:

-Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: embajador Claudio Rozencwaig, subsecretario de Politica Exterior; embajador Gustavo Eduardo Ainchil, director de Seguridad Humana, Innovación y Asuntos Tecnológicos Internacionales; Mtro. Carlos Enrique Catella, de la Dirección de Migraciones Internacionales; Sec. Shulinen Wanda Sanz Ressel, de la Dirección de Límites y Fronteras; Lic. Ana Zeliz, de la Dirección de Asuntos de Género y Diversidad; Dra. Sofia J. Danessa, de la Dirección de Seguridad Humana, Innovación y Asuntos Tecnológicos Internacionales.

-Dirección Operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas: Gustavo Vera, director; Facundo Lugo, coordinador De Equipos Técnicos; Gabriela Burgos, delegada de la Provincia de Jujuy (Virtual); Stella Maris Corbacho, delegada de la Provincia de Salta (Virtual).

-OIM: Gabriela Fernández, jefa de oficina OIM Argentina; Laura Estomba, directora del Programa Eurofront Componente II; Jorge Laguno, oficial nacional de Programas; Tamara Seplurka, asistente de Gestión de Migración.

-Ministerio de Seguridad: Edith Leiva, directora de Investigaciones contra la Trata de Personas y Delitos contra la Integridad Sexual (Virtual).

-Ministerio de Trabajo, Empleo y de la Seguridad Social: Maria Laura Ferrante, coordinadora para la Lucha contra la Trata de Personas y el Trabajo Forzoso y para la Asistencia a las víctimas (virtual); Marcela Pomponio, asesora Legal (virtual).

-SENAF/Ministerio de Desarrollo Social: Alejandra Shanahan, directora nacional de Promoción y Protección Integral (virtual) y Jimena Lusa.

-Programa Nacional de Rescate/Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Laura Sola, de la Coordinación Programas (virtual).

-Dirección Nacional de Migraciones: Guillermina Benito, coordinadora operativa Control de Permanencia/Directora Detección temprana en Trata (virtual); Juan Capella, director general de Movimiento Migratorio (virtual).

-Ministerio Público Fiscal: Marcos Parera, secretario de Relaciones Institucionales Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (virtual); Roxana Gual, auxiliar fiscal, Unidad Fiscal Federal de la Provincia de Salta (virtual).

Por su parte, la delegación boliviana contó con la presencia de: Ivan Manolo Lima Magne, ministro de Justicia y Transparencia Institucional y presidente del Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas; Mario Fabricio Castro Cordero, viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales y miembro de la Secretaría Técnica del Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de Personas; Patricia Mónica Álvarez Navarrete, directora general de Acceso a la Justicia y Derechos Fundamentales; Eva Gloria Chuquimia Mamani, viceministra de Gestión Institucional y Consular; Fernando Raúl Pérez Cárdenas, director general de Asuntos Consulares; Cnl. Jhonny Omar Chavez Bascopé, director departamental de la FELCC; Juana Amanda Iriarte Arze, directora general de Promoción y Prevención de Salud; Neida Melina Ledezma Renjifo, responsable de Violencia y Género de la Unidad fe Promoción de la Salud, Gestión y Participación Social; Carola Arraya Borquez, directora general de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas; María Esther Valencia Vasco, directora del Sedeges; Juan Carlos Espinoza, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; Adriana Vásquez, del Ministerio de Planificación del Desarrollo; Rolando Soto, del Ministerio de Educación; Daniela Cáceres García, de la Fiscalía General del Estado; Gustavo Gandarillas, del Viceministerio de Comunicación; Marcelo Liquitaya, del Viceministerio de Turismo; Luis Osinaga, de la Dirección General de Migración; Nancy Alé, de EDUCO; Janeth Rodríguez, Fundación Munasim Kullakita; Marcia Aguilar, de UNODC; y Pamela Teresa Fernández Dávila Gómez, representante de OIM Bolivia.

De esta forma, se efectiviza lo acordado en 2015, cuando las partes se comprometieron a fortalecer "las acciones de coordinación y cooperación conjunta, para la prevención e investigación de los hechos delictivos de Trata de Personas, y la asistencia y protección a victimas de los hechos referidos. Para tal efecto, las Partes cooperarán entre si, de conformidad con su derecho interno, y otras obligaciones derivadas de los Instrumentos Internacionales de los cuales son Estados Parte, a través del intercambio de información, capacitación, actividades de investigación, y otras formas de cooperación bilateral establecidas en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrado el 15 de noviembre de 2000”.